PAN pide a la FGR una alerta migratoria para Guadalupe Taddei y el proveedor Hernández Casillas
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que gestione una alerta migratoria para Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y para el empresario José Alfredo Hernández Casillas. El partido argumenta que la medida impediría que ambos salgan de México mientras se investigan presuntas irregularidades relacionadas con proveedores del organismo.
La petición fue difundida en un video por el diputado Federico Döring y la legisladora Paulina Rubio, vicepresidenta de la Mesa Directiva. Los panistas señalaron que la FGR debe valorar la restricción y actuar ante las denuncias existentes. La alerta, sin embargo, es una solicitud del partido: la información disponible no indica que las autoridades ya la hayan emitido.
Los argumentos del PAN para solicitar la medida
Döring sostuvo que, en otros casos de alto perfil, algunas personas señaladas en investigaciones dejaron el país. Como ejemplos mencionó a Hernán Bermúdez, exfuncionario de Tabasco, y a otras personas investigadas por distintos delitos. También aludió al empresario Raúl Rocha Cantú y a Fernando Farías Laguna, acusado de presuntos vínculos con el contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.
El diputado afirmó que se debe evitar que los involucrados tengan tiempo para salir del país y que eso complique su comparecencia ante la justicia. Sus declaraciones corresponden a la postura del PAN y no constituyen una determinación judicial sobre la culpabilidad de las personas mencionadas.
Por su parte, Rubio pidió que la Fiscalía General de la República solicite la alerta migratoria contra Taddei. La diputada también relacionó el caso con la discusión sobre posibles inversiones de recursos en el extranjero, aunque esa afirmación forma parte de los señalamientos políticos del partido.
La denuncia presentada por Jorge Romero
Los legisladores retomaron la denuncia anunciada por el dirigente panista Jorge Romero Herrera y pidieron que la investigación incluya tanto a Taddei como a José Alfredo Hernández Casillas. El PAN sostiene que la Fiscalía debe indagar los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.
Las acusaciones deben distinguirse de las decisiones que competen a las autoridades. Corresponde a la FGR investigar los posibles delitos y, en su caso, solicitar medidas ante un juez; cualquier responsabilidad deberá establecerse conforme al debido proceso.
UIF bloqueó cuentas de 40 personas vinculadas con proveedores del INE
La solicitud del PAN se produjo después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informara que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas a la Lista de Personas Bloqueadas por operaciones que, según la dependencia, presentaban elementos de riesgo. El grupo estaría integrado por 25 personas físicas y 15 morales.
Entre las personas incluidas, de acuerdo con información difundida sobre el caso, figuran Guadalupe Taddei y los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. La UIF también presentó una denuncia ante la FGR para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
- Personas afectadas: 40, entre individuos y empresas.
- Medida reportada: incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas y bloqueo de cuentas.
- Siguiente instancia: la FGR, que deberá analizar la denuncia y definir los pasos de la investigación.
El INE prepara una denuncia y la ASF revisa contratos
El caso también generó acciones dentro del propio instituto. La consejera presidenta interina del INE, Blanca Cruz, informó que las diez consejerías acordaron que sus equipos jurídicos preparen una denuncia penal contra Taddei y contra funcionarios que pudieran haber cometido delitos durante su gestión.
A la revisión se suma la labor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Según los señalamientos sobre sus hallazgos, la auditoría examinó contratos con proveedores y detectó posibles irregularidades relacionadas con certificaciones de timbrado revocadas, subcontratación entre compañías del mismo grupo y empresas con pocos trabajadores que habrían facturado montos elevados.
Por ahora, las solicitudes del PAN, el bloqueo de cuentas y las revisiones del INE y la ASF forman parte de distintas actuaciones alrededor del caso. La emisión de una alerta migratoria y la existencia de responsabilidades penales dependerán de las decisiones que adopten las autoridades competentes conforme avance la investigación.
