La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados ha presentado una audaz propuesta para frenar la colusión entre funcionarios públicos y el crimen organizado, con la intención de imponer penas de cadena perpetua a quienes sean identificados como “narcopolíticos”.
Propuesta de Cadena Perpetua para Narcopolíticos
Durante la presentación de los cambios al Código Penal Federal y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el coordinador parlamentario José Elías Lixa destacó la urgencia de establecer sanciones severas contra aquellos actores políticos que pongan en riesgo la gobernabilidad al aliarse con organizaciones criminales. La propuesta incluye penas que van de 80 a 140 años de prisión y multas de entre 12 mil a 24 mil días de salario.
Sanciones Directas a Funcionarios Claves
Esta iniciativa no solo se dirige a gobernadores y secretarios de Estado, sino que también abarca a titulares de fiscalías, incluyendo la Fiscalía General de la República (FGR), y mandos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cualquier funcionario que colabore, encubra o incumpla sus responsabilidades legales facilitando la operación del crimen organizado se enfrentará a estas duras sanciones.
Detener la Impunidad con Sanciones Ejemplares
El legislador Lixa enfatizó que esta medida es esencial para erradicar la impunidad entre los “narcopolíticos”. En sus palabras:
“Para que termine la era de la narcopolítica tienen que existir sanciones ejemplares”.
Mencionó los casos del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y del senador Enrique Inzunza, quienes son señalados por la administración estadounidense y cuya impunidad no puede continuar.
Acciones Legales en Marcha contra Funcionarios Implicados
El vicecoordinador del PAN, Federico Döring, anunció que el próximo lunes, los legisladores de la bancada visitarán la FGR para exigir información sobre el progreso de las denuncias presentadas contra Rubén Rocha y otros funcionarios en Sinaloa, así como los hijos del expresidente de la República, incluyendo a Andrés Manuel López Beltrán.
Döring expresó su descontento con la falta de comunicación que tuvieron con la anterior titular de la fiscalía y reafirmó su compromiso de monitorear de cerca a la nueva fiscal, Ernestina Godoy, para asegurar que se tomen acciones concretas en contra de las complicidades con el crimen organizado.
