Todo empezó con un operativo antidrogas en la sierra. Terminó convirtiéndose en la crisis política más intensa entre el gobierno federal y un estado de la república en lo que va del sexenio. Esta es la historia completa de lo que está pasando con Maru Campos, por qué importa y qué hay detrás de cada movimiento.
El hecho que detonó todo
Entre el 16 y el 19 de abril, la Fiscalía de Chihuahua coordinó un operativo en la Sierra Tarahumara para desmantelar un narcolaboratorio de metanfetaminas. El resultado fue uno de los golpes más significativos al crimen organizado en el estado en años: más de 55 mil litros de sustancias decomisadas y casi 50 toneladas de precursores químicos asegurados.
El 19 de abril, un accidente vehicular en una carretera de la sierra mató a cuatro personas: el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, un policía ministerial y dos ciudadanos estadounidenses. La identidad de estos últimos tardó días en confirmarse públicamente. Cuando se hizo, el caso dejó de ser una tragedia operativa y se convirtió en una crisis política de primer nivel.
Los dos estadounidenses eran agentes de la CIA. Uno había ingresado a México con pasaporte diplomático. El otro, como turista ordinario. Ninguno tenía autorización formal del gobierno federal para participar en el operativo. Cuando la presidenta Sheinbaum confirmó públicamente que el gobierno federal no sabía de su presencia en territorio nacional, la pregunta que nadie ha podido responder con claridad hasta hoy es quién sabía, quién autorizó y en qué nivel de gobierno se tomó esa decisión.
La Ley de Seguridad Nacional prohíbe que agentes extranjeros participen en operativos en México. Una reforma de 2020 fue aún más lejos: eliminó la inmunidad penal para estos agentes si operan fuera de esos márgenes. La FGR abrió tres carpetas de investigación distintas: una por la presencia de los agentes, otra por la rueda de prensa del exfiscal estatal César Jáuregui, y una tercera por presunta invasión de competencias de la Fiscalía de Chihuahua.
Los tres frentes jurídicos
El primero es la FGR. El 23 de mayo, la Fiscalía General de la República notificó formalmente a Campos para comparecer el 27 de mayo en Ciudad Juárez en calidad de testigo. Su equipo jurídico identificó múltiples incongruencias en el documento: no especifica el motivo del requerimiento, es ambiguo sobre el alcance de la diligencia y omite considerar que los gobernadores, como servidores públicos señalados en el artículo 111 constitucional, tienen una excepción expresa a la obligación de comparecer ante el Ministerio Público.
Este miércoles, Campos tomó una decisión que cambió el escenario: en lugar de ir a Ciudad Juárez, viajó a las oficinas centrales de la FGR en la Ciudad de México, acompañada de la cúpula completa del PAN, incluyendo el dirigente nacional Jorge Romero, el excandiato presidencial Ricardo Anaya y decenas de legisladores. Entregó un escrito de objeción al citatorio, no rindió testimonio y ofreció una conferencia de prensa transmitida en vivo por medios nacionales. No fue un acto jurídico. Fue un acto de campaña. Romero anunció que si el gobierno pretende imputar o detener a Campos, el PAN movilizará a sus simpatizantes en todo el país.
El segundo frente es el juicio político. El 26 de mayo, once diputados locales de Morena en Chihuahua presentaron ante la Cámara de Diputados federal una solicitud de juicio político contra Campos por traición a la patria. El cargo: haber permitido la participación de agentes de inteligencia de una potencia extranjera en un operativo en suelo mexicano. Sin embargo, el destino real de esta solicitud es incierto. Para que el proceso avance, debe instalarse la Subcomisión de Examen Previo, que actualmente no existe, y hay 57 solicitudes de juicio político acumuladas sin resolver. Los analistas coinciden en que este juicio, como el que el PAN presentó contra Rubén Rocha Moya, son fuegos de artificio político, no instrumentos judiciales reales.
El tercer frente es la Fiscalía de la Ciudad de México, que citó a Campos en relación con una denuncia de Javier Corral por presunto secuestro. Campos argumenta que ese expediente ya fue cerrado con determinación de no ejercicio de la acción penal y que reactivarlo ahora carece de base jurídica.
El personaje clave que pocos explican
Javier Corral gobernó Chihuahua de 2016 a 2021. Fue durante años la imagen del político anticorrupción: persiguió a su antecesor César Duarte y se enfrentó al PAN cuando consideró que había corrupción. Rompió con su partido acusando degradación moral y terminó en Morena, donde hoy tiene fuero como senador.
En agosto de 2024, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó arrestarlo en un restaurante de la Ciudad de México, acusado de peculado agravado por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos. Ulises Lara, entonces encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, apareció esa noche para impedir la captura. Lara hoy es funcionario de la FGR, la misma institución que ahora da cauce a denuncias de Corral contra Campos.
Recientemente, Corral fue fotografiado reuniéndose en Culiacán con Enrique Inzunza, senador morenista incluido en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por vínculos con Los Chapitos. Corral defendió el encuentro públicamente. La imagen le ha costado caro y es el punto más vulnerable del relato oficial en este caso.
El contragolpe: el caso Sinaloa
El 29 de abril, diez días después del accidente en la Sierra Tarahumara, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios del estado. Los fiscales sostienen que Rocha Moya y su equipo establecieron un acuerdo directo con Los Chapitos desde antes de su elección como gobernador en 2021: a cambio de apoyo político y electoral, habrían permitido que el cártel consolidara control casi total sobre las fuerzas de seguridad del estado. Las penas potenciales van de 40 años a cadena perpetua.
La respuesta del gobierno federal al caso Sinaloa fue radicalmente distinta a su respuesta al caso Chihuahua. Rocha Moya compareció voluntariamente ante la FGR en su propio estado, no fue desplazado a la Ciudad de México, recibió custodia de la Guardia Nacional durante días y el gobierno mantuvo una postura de espera frente a la acusación estadounidense. No hubo mañaneras con críticas frontales. No hubo marchas de Morena en Sinaloa exigiendo su destitución.
Campos convirtió ese contraste en su argumento central: mientras a una gobernadora que da resultados la persiguen con todo el aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición les dan impunidad absoluta.
El argumento es difícil de rebatir. Si la soberanía nacional es el valor supremo que se invoca para perseguir a Campos, ¿por qué no aplica con la misma intensidad a funcionarios acusados de entregar el aparato de seguridad de un estado completo a un cártel que exporta drogas a territorio estadounidense?
La dimensión electoral
Chihuahua tiene elecciones de gobernador en 2027. Es uno de los últimos bastiones relevantes del PAN y uno de los estados más competitivos del país para ese ciclo electoral. Las encuestas recientes muestran una convergencia significativa: en febrero, Morena tenía una ventaja de más de diez puntos. En mayo, esa brecha se ha reducido a dos puntos según algunas encuestadoras. El margen de indecisos supera el 20 por ciento en varios sondeos.
En ese contexto, todo lo que está ocurriendo es también una guerra de posicionamiento preelectoral. Para Morena, la narrativa de soberanía vulnerada busca desgastar a Campos antes de que comience la campaña formal. Para el PAN, la imagen de una gobernadora rodeada de la cúpula nacional de su partido, desafiando a la FGR desde sus propias oficinas, construye un relato de resistencia que puede ser electoralmente rentable.
Campos cambió deliberadamente de estrategia después del 16 de mayo, cuando Morena organizó una marcha en Chihuahua que tuvo baja afluencia, enfrentamientos y acusaciones de sabotaje. Pasó de la institucionalidad defensiva a la confrontación ofensiva. La apuesta es que la imagen de gobernadora perseguida, que habla por la soberanía real y no por la narrativa de un partido, puede ser más rentable electoralmente que el perfil de administradora eficiente que tenía antes del caso.
Lo que nadie quiere decir en voz alta
La colaboración de agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad estadounidenses en operativos en México es un secreto a voces desde hace décadas. La DEA, la CIA y otras agencias han colaborado con autoridades mexicanas en formas que van más allá de lo que la ley permite formalmente. Lo que cambió en este caso no es la práctica sino la visibilidad: murieron agentes en un accidente, sus identidades se hicieron públicas y el gobierno federal se vio obligado a reaccionar.
La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta es cuántos operativos similares ocurren en otros estados sin que nadie muera.
