Yeraldine Bonilla deja el Gobierno de Sinaloa en medio de cambios en el gabinete

Yeraldine Bonilla Valverde dejará la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa y, según la información difundida, volvería a ocupar su escaño en el Congreso estatal. Su salida se suma a otros relevos realizados durante la administración interina de Graciela Domínguez Nava, quien asumió funciones después de que Rubén Rocha Moya solicitara una segunda licencia.

El reporte sitúa la decisión en la mañana del 11 de noviembre de 2026. Sin embargo, la publicación que acompaña la información está fechada el 4 de noviembre, por lo que existe una diferencia cronológica que no permite precisar cuándo se formalizó el cambio.

César Julio Saucedo Barrón asumirá la Secretaría General de Gobierno

La administración estatal informó que César Julio Saucedo Barrón fue nombrado nuevo secretario general de Gobierno. Domínguez Nava le tomó protesta, aunque no se detallaron en la información difundida las razones específicas de la salida de Bonilla.

El ajuste se produce después de otros cambios en el gabinete. A finales de octubre, Mercedes Ibarra fue designada presidenta del Sistema DIF estatal, en sustitución de Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador con licencia.

El paso de Yeraldine Bonilla por el gobierno de Sinaloa

Bonilla asumió el gobierno de Sinaloa de manera interina el 2 de mayo y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en la entidad, aunque temporalmente. Permaneció alrededor de cuatro meses en esa función, antes de que Graciela Domínguez quedara al frente del Ejecutivo estatal.

Antes de incorporarse al gobierno, Bonilla había sido elegida diputada local por segunda ocasión en 2024, como parte de la bancada del Partido Verde Ecologista de México. Dejó el escaño para asumir responsabilidades en el gabinete de Rocha Moya. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa y, entre 2021 y 2024, trabajó como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo; también estuvo a cargo del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Decisiones cuestionadas durante su interinato

Durante su breve periodo como gobernadora interina, Bonilla enfrentó cuestionamientos por algunas de sus declaraciones y decisiones. El 13 de mayo rechazó una publicación de la revista Proceso que afirmaba que Rocha Moya se encontraba resguardado en el Palacio de Gobierno de Culiacán. Bonilla sostuvo que el exmandatario estaba en su domicilio y gozaba de buena salud; esa versión difería de la información de inteligencia citada por el medio.

Otro episodio se produjo el 18 de junio, cuando firmó ante el Congreso estatal una solicitud de pensión anticipada para Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación. La prestación planteada ascendía a 67.477,75 pesos mensuales y generó críticas por el contexto en que se presentó.

La petición de retiro anticipado se refería a un exmando policial señalado por fiscales estadounidenses por presuntos vínculos con Los Chapitos. Las acusaciones no equivalen a una declaración de culpabilidad.

Las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa

El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo públicas acusaciones contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por supuestos vínculos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el expediente citado en la información, los involucrados habrían recibido sobornos a cambio de protección, apoyo logístico o datos sobre operativos. Los cargos y señalamientos deben entenderse como alegaciones de la fiscalía estadounidense, no como hechos probados.

Entre las personas mencionadas figuran:

• Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, acusado de conspiración para narcotráfico y delitos relacionados con armas. El expediente sostiene que el grupo criminal lo habría ayudado a llegar al poder en 2021 mediante intimidación y secuestros de rivales.
• Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno, señalado por presuntas reuniones con líderes del grupo para acordar protección a cambio de favores políticos.
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, vinculado en la acusación a una supuesta red de protección financiera.
• Dámaso Castro Zaávedra, subprocurador estatal, señalado por presuntamente recibir pagos mensuales para proteger a integrantes del grupo.
• Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación, acusado de los mismos tres cargos que otros integrantes del caso.
• Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como “Cholo”, a quien la fiscalía atribuye pagos periódicos y órdenes para liberar a personas detenidas vinculadas con Los Chapitos.
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, imputado por delitos de narcotráfico y relacionados con armas.
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal.
• Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia, señalado de ordenar a policías proteger cargamentos de droga.
• Juan Valenzuela Millán, conocido como “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.

La información disponible señala que las penas potenciales en Estados Unidos podrían ir de 40 años de prisión a cadena perpetua. También indica que, hasta ese momento, el Gobierno mexicano no había recibido pruebas de la administración estadounidense para actuar contra los acusados. Los documentos y comunicados de la fiscalía pueden consultarse en el sitio de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La salida de Bonilla y el nombramiento de Saucedo Barrón ocurren mientras continúan los cambios en el gobierno estatal y persisten las repercusiones políticas de las acusaciones contra funcionarios sinaloenses. Su eventual regreso al Congreso dependerá de la formalización de su separación del gabinete y de los procedimientos correspondientes.