Tras el rechazo de la reforma electoral original —conocida como “Plan A”— en la Cámara de Diputados, el gobierno federal presentó una nueva propuesta: el llamado “Plan B”, que busca modificar distintos aspectos del sistema electoral, aunque con un alcance más acotado.
La iniciativa ya fue enviada al Senado y plantea cambios en tres ejes principales: revocación de mandato, reducción de gastos en estados y regulación de salarios de funcionarios electorales.
Qué pasó con el Plan A
El Plan A incluía cambios más amplios, como modificaciones al sistema de representación política. Sin embargo, no logró el respaldo necesario, incluso con resistencias de partidos aliados como el PT y el Partido Verde.
Ante ese escenario, el Ejecutivo optó por una nueva ruta: una reforma más focalizada que, a diferencia de lo previsto inicialmente, sí incluye algunos ajustes constitucionales, aunque en menor medida.
Revocación de mandato: el cambio más polémico
El primer eje del Plan B modifica las reglas de la revocación de mandato presidencial.
La propuesta plantea que este ejercicio pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, dependiendo de cuándo lo solicite la ciudadanía, e incluso que pueda coincidir con las elecciones intermedias federales.
Esto abre la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum aparezca en la boleta electoral de 2027, si se cumple el requisito de que al menos el 3 % del padrón solicite el proceso.
Además, el proyecto introduce un cambio clave: permitir que la persona sujeta a revocación pueda promover el voto a su favor, algo que antes estaba restringido.
Este punto ha generado críticas, ya que podría mezclar la lógica de un ejercicio ciudadano con una dinámica electoral, especialmente si coincide con elecciones para renovar la Cámara de Diputados y gubernaturas.
Diversos especialistas advierten que esto podría generar condiciones inequitativas, al permitir que el Ejecutivo tenga presencia activa en el proceso.
Reducción de gastos: cabildos y congresos locales
El segundo eje busca reducir el gasto público en gobiernos locales.
En el caso de los municipios, se propone limitar el número de regidores en los ayuntamientos a un rango de entre 7 y 15 integrantes.
Actualmente, en muchos casos estos cargos se asignan por representación proporcional, lo que permite que partidos minoritarios tengan presencia. Reducirlos podría afectar esa pluralidad.
En paralelo, se plantea establecer un tope al presupuesto de los congresos estatales, fijándolo en un máximo de 0.70 % del presupuesto de egresos de cada entidad.
Aunque la medida busca austeridad, también ha generado cuestionamientos, ya que podría impactar más a estados con menor capacidad financiera y afectar funciones clave, como la fiscalización del gasto público.
Salarios y prestaciones: austeridad en órganos electorales
El tercer eje se enfoca en los funcionarios electorales.
La propuesta establece que consejeros, magistrados y otros altos cargos del sistema electoral no podrán ganar más que la presidenta.
También plantea eliminar prestaciones como seguros médicos privados, seguros de vida y pensiones adicionales, con el objetivo de homologar condiciones con el resto del sector público.
Aunque la medida busca reducir privilegios, también abre un debate sobre la autonomía de los órganos electorales y su capacidad para atraer perfiles especializados.
Implicaciones y debate
El Plan B ha generado un debate amplio.
Por un lado, el gobierno argumenta que busca reducir gastos y eliminar privilegios.
Por otro, especialistas y actores políticos advierten riesgos en tres frentes:
- Equidad electoral, por los cambios en la revocación de mandato
- Representación política, por la reducción de regidores
- Autonomía institucional, por los ajustes a salarios en órganos electorales
Además, algunos cuestionan si la reforma podría favorecer indirectamente al partido en el poder al coincidir procesos y permitir mayor visibilidad del Ejecutivo.
Lo que sigue
El Plan B se encuentra en discusión en el Congreso. Para que entre en vigor, las modificaciones constitucionales requerirán mayoría calificada y el respaldo de los congresos estatales.
Mientras avanza el proceso legislativo, la reforma abre una discusión de fondo sobre el equilibrio entre austeridad, competencia política y reglas del sistema democrático en México
