Vecinos de Del Valle exigen medidas urgentes contra el despojo de inmuebles
Un grupo de residentes de la colonia Del Valle se presentó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para entregar un pliego petitorio en el que exigen acciones contundentes para combatir el creciente problema del despojo de propiedades en la capital. La situación ha cobrado relevancia en los últimos meses, convirtiéndose en un tema de alarmante interés social.
La propuesta de la "Ley Carlota"
Acompañados por Arturo Santana, hijo de Carlota—quien se volvió noticia nacional tras luchar por recuperar su hogar de presuntos invasores en el Estado de México—los vecinos plantearon la creación de una legislación llamada “Ley Carlota”. Esta propuesta busca acelerar la restitución de propiedades y fortalecer el marco legal existente contra este delito.
Alicia Camps, representante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) Del Valle Centro, informó que el grupo está formado por aproximadamente 1,500 integrantes que han documentado múltiples casos de despojo en la zona. “Nuestros esfuerzos no solo buscan denunciar, sino implementar cambios que garanticen la seguridad de nuestros hogares”, expresó.
Diálogo con legisladores
Los vecinos han sostenido diálogos previos con legisladores como Laura Ballesteros y Royfid Torres para explorar modificaciones legales que alineen las normativas de la Ciudad de México con las del Estado de México. “Es vital que tengamos mecanismos que funcionen en nuestra entidad, como el Operativo Restitución implementado en el Estado de México, que ha exitosamente recuperado más de 2,000 inmuebles”, argumentó Camps.
Una red organizada de despojadores
Camps subrayó que el problema del despojo no es aislado; más bien, lo describió como parte de una red organizada que opera con rapidez y eficacia. “Los invasores llegan en camiones, despojan las propiedades en cuestión de horas, cambian chapas y remodelan los inmuebles para asegurar su ocupación”, relató.
Complicidades en el sistema
Las denuncias no se limitan solo a los invasores; también existe preocupación sobre presuntas complicidades entre notarios y funcionarios públicos. “Las víctimas enfrentan un verdadero laberinto para demostrar la propiedad de sus hogares. Este asunto requiere una evaluación exhaustiva para erradicar estas prácticas corruptas”, indicó Camps.
Arturo Santana, respaldando estas afirmaciones, recordó que desde el año pasado ha advertido el alarmante aumento del despojo de propiedades y enlistó más de 30,000 carpetas de investigación abiertas por este delito en la Ciudad de México. “A pesar de los anuncios de un gabinete especial para atender este problema, no hemos visto resultados tangibles”, señaló.
Exigencias a las autoridades
Los vecinos solicitaron que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Seguridad Ciudadana implementen acciones concretas similares a las que se están llevando a cabo en el Estado de México. Santana enfatizó que, allí, el simple hecho de acreditar la propiedad o posesión legítima es suficiente para restaurar el inmueble invadido.
Mientras tanto, una comisión de residentes de la alcaldía Benito Juárez ya entregó el pliego petitorio en la FGJCDMX, marcando un paso significativo hacia la lucha por proteger sus hogares y brindar soluciones efectivas a un problema que continúa afectando a muchas familias en la región. La solicitud de acciones inmediatas y eficientes refleja la urgencia de una respuesta adecuada ante una realidad que, cada vez más, amenaza la estabilidad de la comunidad.
