El nombre de Ismael “El Mayo” Zambada volvió al centro de la conversación pública en México. No por una nueva detención, sino por una disputa diplomática sobre cómo fue capturado hace algunos años, justo cuando el histórico fundador del Cártel de Sinaloa negocia en Estados Unidos las condiciones de su sentencia.
¿Quién participó en la captura?
El lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó nuevamente la participación de agencias estadounidenses en el operativo que llevó a Zambada a territorio de Estados Unidos en julio de 2024. El reclamo se reactivó después de que el FBI exhibiera en un museo de Nuevo México la avioneta utilizada en el traslado de Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, presentando el operativo públicamente como un éxito de la agencia.
El problema es que esa versión contradice lo que el gobierno mexicano recibió en su momento. Según Sheinbaum, tras la detención el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que no hubo participación de agencias estadounidenses en el traslado. Este martes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantuvo esa misma postura y reiteró que México no fue informado de la operación.
Salazar, por su parte, sostuvo esta semana en entrevista con el periodista Jorge Ramos exactamente la misma versión que dio en 2024: que ni él ni ninguna autoridad estadounidense sabían de la operación con anticipación, y que Estados Unidos solo intervino una vez que Zambada y Guzmán López ya habían aterrizado en territorio estadounidense.
Es decir, hay una contradicción abierta entre lo que el FBI exhibe como un logro propio y lo que el embajador sigue negando. Sheinbaum lo plantea de forma directa: si el FBI participó y Salazar lo negó, hay un funcionario estadounidense que mintió sobre un caso de seguridad, y además se trataría de un caso de injerencia extranjera. El gobierno mexicano ya pidió a la Fiscalía General de la República que investigue si hay un delito en el proceso, y solicitará información directamente al FBI.
Especialistas aseguran que desde el momento de la captura había elementos que apuntaban a la participación de una agencia estadounidense, porque no es sencillo que un avión entre al espacio aéreo de Estados Unidos y aterrice en una base militar sin coordinación previa. Con la información disponible ahora, señalan, existe la certeza de que se trató del FBI.
Este episodio se suma a otros puntos de fricción reciente entre ambos gobiernos por señalamientos de injerencia, como la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua y la acusación de la justicia estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Lo que Zambada negocia con la justicia de Estados Unidos
En paralelo a la disputa diplomática, avanza el proceso judicial de Zambada. Sus abogados presentaron un escrito ante el tribunal federal de Nueva York en el que acepta la cadena perpetua que le corresponde por su declaración de culpabilidad, hecha en agosto de 2025. La defensa fue clara en un punto: Zambada no prestó asistencia sustancial a las autoridades estadounidenses ni busca hacerlo para obtener una reducción de condena.
Lo que sí pide es que se le traslade a un centro de detención equipado para atender sus necesidades médicas, en lugar de una prisión de máxima seguridad como la ADX Florence, donde está recluido “El Chapo” Guzmán. Zambada tiene 76 años y padece diversos problemas de salud asociados a la edad. La audiencia de sentencia está prevista para el 20 de julio.
Especialistas sostienen que esta solicitud debe leerse como parte de la lógica de negociación judicial: como prácticamente no hay nadie por encima de Zambada en la jerarquía del narcotráfico mexicano, no puede aspirar a una condena menor a cambio de información. Lo único que le queda por negociar son mejores condiciones de reclusión.
Por qué esto le importa a México más allá de lo diplomático
Especialistas plantean que la molestia del gobierno mexicano no se explica solo por la forma en que Zambada fue detenido, sino por lo que puede implicar que un capo de su nivel, con cerca de 50 años en el negocio, colabore o simplemente declare ante la justicia estadounidense.
Como ejemplo citan la carta que el propio Zambada difundió después de su captura, en la que aseguró haber acudido a una reunión en la que supuestamente estaría el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hoy imputado por la justicia de Estados Unidos junto a otros nueve funcionarios sinaloenses. Incluso si Rocha Moya no hubiera participado ni sabido lo que iba a ocurrir, el hecho de que a Zambada le pareciera normal que el gobernador estuviera en esa reunión sugiere que existían encuentros periódicos o algún tipo de vínculo entre ellos.
Tras declararse culpable, Zambada también aseguró que su organización pagó sobornos a mandos policiales y militares mexicanos para operar libremente en el país, y que parte de esos sobornos llegaban a personas de la política. El gobierno mexicano ha dicho que solo conoce esa información a través de lo que se hace público en las audiencias, igual que cualquier ciudadano.
Especialistas coinciden en que estos procesos judiciales en Estados Unidos están abriendo líneas de investigación que durante décadas permanecieron ocultas en México, sobre los vínculos entre crimen organizado, empresarios y clase política. Es una tensión entre el reclamo diplomático legítimo de México y el hecho de que esos mismos procesos están sacando a la luz información que el país no había investigado por cuenta propia.
